Cde. Expte. N° 16818/17 H.C.D.
VISTO:
La desaparición del joven Santiago Maldonado, el día 1° de agosto durante un operativo represivo llevado adelante por la Gendarmería Nacional en el territorio de Cushamen, Provincia de Chubut.
La falta de respuesta sobre el paradero y las irregularidades cometidas en el proceso de investigación, por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, Y
CONSIDERANDO:
Que todos los testimonios de las personas que sufrieron la represión el pasado martes 1° de agosto coinciden en señalar que esa fue la última vez que Maldonado fue visto con vida, mientras era golpeado por efectivos de la Gendarmería.
Que con el correr de los días y sin ninguna respuesta oficial, los periodistas que se acercaron a la comunidad mapuche de Cushamen recogieron testimonios que daban cuenta de la gravedad de la situación y reafirmaban el hecho de la desaparición forzada, como la siguiente declaración: “Nos tiraban con nueve milímetros, con escopetas y con piedras… No les importaba nuestra vida a la Gendarmería. Ellos vinieron a matar…Por eso no hay la menor duda de que se lo llevó la Gendarmería. Que ellos lo tienen y que ellos son los responsables de que el compañero no aparezca”.
Que las declaraciones de las víctimas de la represión fueron ratificadas con imágenes, debido a la aparición de una serie de registros fílmicos tomados con celulares que muestran la sangrienta represión y la utilización de armas de fuego por parte de la Gendarmería.
Que frente a la evidencia de los hechos el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le hizo llegar al Gobierno argentino su preocupación por la integridad física y psicológica de Santiago Maldonado, y le exigió al Estado que adopte “una estrategia integral y exhaustiva” para su búsqueda y localización, tomando “todas las medidas urgentes que sean necesarias” y teniendo particularmente “en cuenta los datos proporcionados por los miembros de la comunidad mapuche Pu Lof” que sufrieron la represión junto al joven.
Que cuando existen motivos suficientes para suponer que una persona desapareció en manos de alguna fuerza de seguridad, y de acuerdo con la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, aprobada por Ley N° 24.556, y que tiene rango constitucional, el Estado tiene la obligación de encarar sin demora una investigación sobre la fuerza sospechada.
Que dicha obligación no sólo no fue asumida sino que, por el contrario, hubo resistencias para investigar con rapidez y exhaustividad la hipótesis de la responsabilidad estatal. Evidencia de esto es que las medidas dirigidas a descartarla o confirmarla se iniciaron con más de diez días de demora y no se llevaron adelante otras, como la reconstrucción del operativo violento y la identificación y separación de la fuerza de los efectivos que participaron.
Que el gobierno nacional y las autoridades responsables, con la complicidad de algunos medios masivos de comunicación, negaron los hechos en un primer momento y luego intentaron distraer la atención con una estrategia orientada a atacar a la comunidad mapuche, llamándola terrorista, y a la familia de Santiago Maldonado, acusándolos a todos de no colaborar para esclarecer la investigación.
Que el Juez a cargo, Guido Otranto, demoró más de lo usual en ordenar los peritajes de rigor, por lo que cuando se peritaron los vehículos de la Gendarmería estos habían sido lavados, según informó el Defensor del Pueblo de Chubut, Fernando Machado.
Que por otra parte, el Defensor confirmó en el lugar de los hechos se encontraba un vehículo Unimog, en el que habrían subido a Santiago a los golpes, cuya presencia pudo observarse en las imágenes difundidas por los medios y también fue ratificada en los testimonios de los presentes. Contrariamente a todas las evidencias, la Gendarmería no informó haber utilizado dicho vehículo, e incluso la propia Ministra de Seguridad declaró que en el operativo no se había usado ningún camión Unimog.
Que este hecho sucede en un contexto de hostigamiento manifiesto contra las comunidades originarias que luchan por sus derechos ancestrales sobre las tierras, especialmente el pueblo mapuche, que se hace evidente en la arbitraria detención de Facundo Jones Huala, referente de la comunidad Lof Cushamen, como sostienen los organismos de Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que denunció el hecho ante la ONU.
Que el Ministerio de Seguridad de la Nación no es ajeno sino que es el que propicia la estrategia de asociar a los grupos mapuches con el “terrorismo”, para de este modo justificar la persecución y la violencia, a la vez que minimiza la detención forzada de una persona por parte de las fuerzas de seguridad.
Que luego de la desaparición, la primera respuesta de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, responsable de la Gendarmería, fue intentar poner en duda la presencia de Santiago Maldonado en el lugar, afirmando que “no sabemos si Maldonado estaba ahí… habrá que probarlo”; y que asimismo ha tenido una serie de declaraciones desafortunadas, re-victimizando a la comunidad mapuche y a la familia de Santiago, como por ejemplo que no hay “indicios de que Gendarmería haya actuado con violencia”, que “la Gendarmería no debe ser estigmatizada”, que “no vamos a separar a los gendarmes preventivamente hasta tanto la Justicia no de un veredicto sobre el tema porque creemos que no corresponde”; y, como si todo esto fuera poco, en su exposición en el Congreso de la Nación dio a conocer la identidad uno de los dos testigos protegidos, que fueron reprimidos junto al joven desaparecido, y que hoy temen por su vida.
Que como expresión de la preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado, el viernes 01 de Septiembre a un mes del hecho; se realizaron en todo el país reclamos y manifestaciones pidiendo su aparición con vida.
Que lo antes mencionado genero una multitudinaria movilización a Plaza de Mayo, la cual se celebró en forma pacífica y ordenadamente, la que termino con actos de violencia a manos de las fuerzas de seguridad Nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la detención arbitraria de 31 personas que se encontraban en la zona durante la desconcentración del acto.
Que en un Estado Constitucional de Derecho y a efectos de afianzar nuestra Democracia no podemos permitir que ocurran hechos como este.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE
DECRETO
Art. 1°: Expresar su profunda preocupación por la desaparición forzada del ciudadano Santiago Maldonado.
Art. 2°: Exigir al Poder Ejecutivo Nacional que arbitre los medios para dar con el paradero de Santiago Maldonado, informe a la familia, a la población y aplique las sanciones que correspondan.
Art. 3°: Comunicar al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Seguridad de la Nación
Art. 4°: Remitir copia del presente proyecto a todos los Honorables Concejos Deliberantes de la provincia de Buenos Aires solicitando su adhesión al mismo.
Art. 5°: Regístrese, comuníquese y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Hurlingham, a los catorce días del mes de septiembre de dos mil diecisiete.
REGISTRADO BAJO EL N° 026/17.