Cde. Expte. N° 17071/18 H.C.D.
VISTO:
Que con fecha 3 del corriente, la Secretaría de Comunicación Pública de la Presidencia de la Nación informa los cambios en el Gabinete Nacional, a saber: “Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Energía, Turismo, Trabajo, Agroindustria, Salud, Cultura y Ciencia y Tecnología se convierten en Secretarías de Estado. Turismo y Ambiente y Desarrollo Sustentable dependerán directamente del Presidente de la Nación.”
CONSIDERANDO:
Que, esta modificación obedece, no sólo a una degradación de jerarquía en el organigrama administrativo estatal, y a la pérdida de autonomía y rapidez en la toma de decisiones, sino que significa un claro retroceso en el desarrollo y ejecución de Programas y Planes que garantizan y amplían derechos, sobretodo en la atención de sectores más vulnerables de nuestra sociedad;
Que, esta reestructuración del Estado, profundiza la política económica de este gobierno caracterizada por la indiscriminada apertura de la economía, la brutal transferencia de recursos a las empresas prestadoras de servicios que involucran tarifazos que destruyen a la pequeña y mediana empresa, la liberalización del mercado y fuga de capitales, el desmedido endeudamiento, el sometimiento a los planes de ajuste del FMI y que con el sólo fin de cumplir las pautas establecidas por este organismo, procede al recorte presupuestario en dichas áreas;
Que, esta reorganización es en la práctica un “achicamiento del Estado” que pone en riesgo una cantidad inconmensurable de puestos de trabajo;
Que, en el caso del Ministerio de Salud, hacemos propias las voces de los Ministros de Salud de todas las Provincias, que expresaron que: “Eliminar el Ministerio de Salud de la Nación como tal y darle un rango inferior al mismo constituiría un retroceso institucional significativo en la búsqueda y consolidación de los objetivos trascendentes trazados por la ley y la Constitución Nacional en la ejecución de los planes, programas y proyectos del área para atender a la población, en especial a los más vulnerables; sino además tal circunstancia desnuda una perspectiva política que está al margen de la consideración de la Salud como DD HH fundamental, relegando a la misma como bien social de la comunidad.
En la historia argentina la salud pública apareció como una función importante del Estado durante la primera presidencia de Juan D. Perón, quien crea en mayo 1946 la Secretaria de Salud Pública. Posteriormente en 1949, con la reforma constitucional, se amplía el número de ministerios y la Secretaria de Salud Pública se transforma en el Ministerio de Salud Pública, siendo el primer ministro Ramón Carrillo. “Mire Carrillo, me parece increíble que tengamos un Ministerio de Ganadería que se ocupa de cuidar a las vacas y no haya un organismo de igual jerarquía para cuidar la salud de la gente.” Perón a Ramón Carrillo, en el año 1945.
Los gobiernos “de Facto” lo subsumieron en otros organismos estatales, hasta que el 10 de diciembre de 1983 el Presidente Raúl Alfonsín dispuso la reaparición del Ministerio de Salud y Acción Social. Posteriormente, en 1999 cuando asume como presidente Fernando de la Rua se modifica la ley de ministerios y se crea el Ministerio de Salud, separándolo del Ministerio de Acción Social. En 2002, el presidente Eduardo Duhalde unificó dos funciones para crear el Ministerio de Salud y Ambiente. En 2007, la presidenta Cristina Fernández desdobló las funciones y volvió a crear el Ministerio de Salud.
La planificación global del sector salud y en coordinación con las autoridades sanitarias de las jurisdicciones provinciales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de implementar un Sistema Federal de Salud, consensuado, que cuente con la suficiente viabilidad social y sanitaria, sólo se puede lograr a instancia de un Ministerio de Salud de la Nación fuerte y organizado, que garantice sin concesiones el proceso salud-enfermedad-atención en el marco de los planes universales de salud, la atención primaria, los planes de maternidad e infancia, de vacunación, epidemiología, discapacidad y rehabilitación, poniendo a la persona humana como eje fundamental del sistema, garantizando la accesibilidad y la calidad de la atención integral en toda su dimensión.
No existe la posibilidad de coordinación, articulación y complementación del sistema de servicios de salud estatales del ámbito nacional, provincial o municipal, de la seguridad social, y del sector privado, sin que exista un Ministerio de Salud a nivel Nacional que se alce como el Rector de las políticas esenciales del sector tendiente a unificar los criterios sanitarios sustanciales con la colaboración directa de las provincia y la asistencia de los programas destinados a los sectores más postergados de la sociedad. Y agregamos que, Equipos de trabajo específicos y altamente especializados en temas prevalentes y esenciales de salud, como el Programa de Inmunizaciones, la Dirección Nacional de VIH, TBC y Sífilis que unificó hace más de diez años las políticas de prevención, diagnóstico y tratamiento de personas que viven con VIH y el diagnóstico y tratamiento de TBC y Sífilis; el Programa Remediar de entrega gratuita de medicamentos prescritos en el primer nivel de atención de todo el país, la Dirección de ECNT, la Dirección Nacional de Salud Mental y adicciones, el Programa de Salud Sexual y derechos reproductivos , entre otros no pueden ser degradados ni postergados en esta reducción y nuevo corrimiento del Estado Nacional que busca eludir sus funciones y responsabilidades.
Que, en el Ministerio de Cultura, creado el 7 de mayo de 2014 por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se destaca “La necesidad de continuar realizando políticas orientadas al desarrollo de aquellas áreas que tienen especial importancia en relación con la calidad de vida de los ciudadanos y con el objeto de dar respuesta a las demandas sociales”; destacando “La trascendencia que la cultura representa como inductora del desarrollo y de la cohesión social, de su relevante papel ante la cuestión de la diversidad cultural y de la integración de comunidades minoritarias, así como en los procesos de igualdad de género y de las vinculaciones entre las comunidades urbanas y rurales”. Desde que la alianza Cambiemos llegó al poder, el desguace del área fue evidente. Esta medida implica un enorme retroceso en la garantía al derecho de la cultura en todo el país.
Que, en cuanto al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva: y sumándonos a los argumentos expuestos por el Grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA): Investigación y Desarrollo para la Inclusión, sostenemos que: Diez años, 8 meses y 24 días duró la experiencia de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva con rango de ministerio en la Argentina.
“Es una medida sin impacto sustantivo para bajar el gasto público y con un mensaje negativo sobre la importancia estratégica del sector. Si además eliminan parte de sus funciones sustantivas, el efecto será mayor”, señaló a SciDev.Net Jorge Aliaga, investigador de la Universidad de Hurlingham.
“De todas formas el mayor daño al sistema científico ya se ha hecho con los recortes, desde 2016, en organismos como el Conicet, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria , y la Comisión Nacional de Energía Atómica, y con la baja en el poder de compra de los subsidios a la investigación por la devaluación”, precisó.
La política de promoción de la ciencia y la tecnología por parte del Estado Nacional para contribuir a un desarrollo económico independiente en un país soberano, el MINCyT fue actor principal en la expansión del sistema científico tecnológico experimentado hasta 2015 a través de numerosas medidas que incluyeron repatriación de científicos, construcción de 90.000 metros cuadrados de laboratorios, aumento progresivo de ingresantes a la carrera de investigador científico del CONICET (CIC), así como de becas, puestos de técnicos y administrativos.
Hoy la situación es diametralmente opuesta. Se redujo en un 50% el número de ingresantes a la CIC, los salarios y becas se encuentran en los niveles más bajos de la región, no se giran fondos para el funcionamiento de institutos y centros de investigación, se eliminó el plan nacional de infraestructura, ni la ANPCYT ni el CONICET cuentan con presupuesto para afrontar los pagos de subsidios de investigación y compras de equipamiento ya acordados, y se han suspendido las contrapartes de convenios internacionales. La reciente megadevaluación se ha llevado consigo el poder adquisitivo de los ya magros subsidios de investigación, sobre todo en las áreas experimentales en que la inmensa mayoría de insumos y equipamiento son importados y cotizan en dólares.
Para este gobierno el Estado y las universidades públicas son un estorbo y la ciencia y tecnología pueden ser prescindibles; este proyecto incluye el achicamiento de institutos tecnológicos como INTI e INTA, el estrangulamiento de empresas de tecnología como ARSAT, FAdeA e INVAP y la cancelación de proyectos de desarrollo tecnológico
autónomo como Arsat-3 y una nueva central nuclear con tecnología CANDU, propiedad de NASA, que permite que empresas nacionales, sobre todo Pymes, sean proveedoras de partes. Lejos de defender a la ciencia y tecnología y a su capital más preciado, investigadores, becarios, técnicos y administrativos, Barañao y Ceccatto avalaron el ajuste, al mismo tiempo que emitían declaraciones que con cinismo descalificaban a los científicos y científicas de nuestro país.
Que, con respecto al Ministerio de Trabajo, hasta la fecha fue objeto de varias reformas y modificaciones. En 1943, por iniciativa de Perón, jefe del departamento Nacional del Trabajo, se crea la Secretaria de Trabajo y Previsión. En el nivel nacional sólo se vertió con la reforma de 1949, la Declaración de los Derechos del Trabajador, formulada por el presidente Perón el 24 de febrero de 1947 (Decreto N° 4.865/47), la que pasó a ser el art. 37, parte I, de la Constitución Nacional. Luego de la reforma fueron creados, entre otros nuevos ministerios, el de Trabajo y Previsión, continuación de la Secretaría con un rango mayor. Aunque la Constitución Nacional de 1949 fue suprimida tras el golpe de Estado de 1955, en 1957 se produjo una nueva reforma constitucional durante la “Revolución Libertadora”. Si bien esta convalidó la derogación de las reformas constitucionales de 1949, incorporó a la carta magna el reconocido artículo 14 bis, el cual establece los derechos personales del trabajador en relación de dependencia, condiciones dignas y equitativas de labor; reconoce los derechos colectivos del trabajo, propios de las asociaciones gremiales y otorga los derechos de la seguridad social atribuidos a la persona, sean trabajadores en relación de dependencia o no, y a la familia.
Que, este ministerio tiene como propósito principal promover, regular y fiscalizar el cumplimento de los derechos de los trabajadores, en especial de la libertad sindical, la negociación colectiva, la igualdad de oportunidades y de trato, y la erradicación del trabajo forzoso, informal e infantil.
Que, esta reestructuración someterá las cuestiones laborales y de los trabajadores a la órbita del Ministerio de Producción, el cual, tiene como función optimizar los negocios de los empresarios. Teniendo en cuenta, que los grandes empresarios, son los que impulsan la reducción del salario y las cargas sociales de los trabajadores para conseguir mano de obra barata que les permita un mayor rédito económico.
Que, la medida se encuadra en la línea discursiva que presenta el Gobierno desde que asumió, y sobre la que Mauricio Macri se pronunció durante toda su vida empresaria, (llegó a considerar los salarios como un costo en televisión) y que tuvo como punto clave la elaboración de una reforma laboral que, de aplicarse, generará una flexibilización muy importante en las condiciones de trabajo. Si bien el macrismo debió frenar su tratamiento en el Congreso debido al negativo escenario del país, sí pudo consiguió perjudicar a los obreros con acciones como la megadevaluación de la última semana, que licuó los salarios, o la reestructuración de convenios laborales particulares, como el de los petroleros.
Que, una de las últimas acciones impuestas por el Ministerio de Trabajo que transcendió, fue el embargo ordenado por el Ex Ministro, Jorge Triaca (parte del el equipo de Mauricio Macri) de $809.790.710, más intereses de $242.937.213 al gremio de Camioneros por negarse a pagar una multa por el supuesto no acatamiento a una conciliación obligatoria en diciembre de 2017.Medida que solo intenta acallar las voces de los representantes que se oponen a las políticas neoliberales de este Gobierno y un accionar que implica otro recorte.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE
DECRETO
Art. 1°: Expresa su más enérgico repudio a la Reorganización Administrativa del Gabinete Nacional, la cual implica un retroceso en el tratamiento y ejecución de planes que garanticen los derechos de nuestra sociedad.
Art. 2°: Regístrese y comuníquese a través de la secretaria de este H.C.D esta decisión a los HCD de la Provincia de Buenos Aires e invítese a expresarse en el mismo sentido.
Art. 3°: Regístrese, comuníquese y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Hurlingham, a los trece días del mes de septiembre de dos mil dieciocho.
REGISTRADO BAJO EL N° 029/18.